Tarjetas monedero: un año de retrasos y ayudas que no llegan al barrio
Las tarjetas monedero se presentaron como la modernización de la ayuda alimentaria: en lugar de repartir alimentos, se entrega una tarjeta prepago para comprarlos. Sobre el papel, un avance. En la práctica, el despliegue en Andalucía se ha convertido en un caso de estudio de todo lo que puede fallar cuando la ayuda se diseña de espaldas al barrio: un año de retrasos, cerca de 20.000 familias esperando y el dinero comprometido con dos grandes cadenas de supermercados.
Un año esperando la ayuda
La cronología la han contado con detalle los medios andaluces. En marzo de 2025 caducaron las tarjetas del primer reparto estatal, gestionado a través de Cruz Roja. La Junta de Andalucía abrió en mayo de 2025 la licitación para relanzar el servicio, dividida en ocho lotes provinciales, por 46 millones de euros (ampliables a 92 si se prorroga, con vigencia hasta 2029).
Nueve meses después, la ayuda seguía bloqueada: sin contratos adjudicados, con cerca de 20.000 familias andaluzas en lista de espera y el Defensor del Pueblo Andaluz abriendo una queja de oficio ante las protestas de los ayuntamientos.
Los contratos no se formalizaron hasta abril de 2026. Y a finales de ese mes, todavía no había fecha de entrega: faltaba definir el funcionamiento con las empresas y la coordinación con los servicios sociales municipales. Un año entero de vacío para una ayuda de entre 130 y 220 euros al mes dirigida a familias con menores en situación de pobreza severa — precisamente las que no pueden esperar.
¿A dónde va el dinero?
Cuando por fin se adjudicaron los lotes, el resultado fue revelador: Carrefour se quedó con seis de las ocho provincias —Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería— por más de 38 millones de euros, y la cadena jiennense Luis Piña (Masymas, Minymas y EuroCash) obtuvo Córdoba y Jaén.
Es decir: la tarjeta solo se puede gastar en los establecimientos de la cadena adjudicataria. Ni en la frutería de la esquina, ni en la carnicería del mercado de abastos, ni en la tienda de barrio que lleva décadas fiando a sus vecinos. Esos comercios —los que sostienen la vida económica y social de los barrios más golpeados por la crisis— quedan excluidos por diseño: una licitación por lotes provinciales solo la puede ganar quien tiene decenas de supermercados y un departamento de licitaciones.
El resultado es un doble daño. La familia vulnerable pierde libertad de elección y cercanía. Y el dinero público destinado a combatir la pobreza del barrio sale del barrio en el mismo momento en que se gasta.
Los pueblos donde la tarjeta no sirve
Hay un tercer problema, menos visible: la cobertura. En la provincia de Córdoba, la cadena adjudicataria tiene tiendas en solo seis municipios. En el reparto anterior, con varias cadenas, había 19 establecimientos disponibles; ahora, los medios locales se preguntan cómo canjearán la ayuda las familias de los pueblos sin ningún supermercado de la cadena. ¿Debe una madre sin coche desplazarse 40 kilómetros para hacer la compra de la semana?
La paradoja es completa: en muchos de esos pueblos sí hay comercio de alimentación — pequeño, local, de proximidad. Pero la tarjeta no funciona allí.
El problema no es la intención, es el diseño
Nada de esto se debe a mala fe. Es la consecuencia lógica de un modelo que necesita licitaciones públicas, tarjetas físicas, grandes operadores y meses de burocracia para mover cada euro de ayuda. Tres fallos estructurales se repiten allí donde se implanta:
- Lentitud: concursos, alegaciones, formalizaciones… y las familias esperando un año.
- Fuga del dinero: la ayuda se gasta en grandes cadenas y no recircula en la economía del barrio.
- Huecos de cobertura: si tu pueblo no tiene supermercado de la cadena ganadora, la ayuda no te sirve.
Otra forma de hacerlo: la moneda que se queda en el barrio
En Comunitaria llevamos desde 2021 demostrando que existe una alternativa más simple y más justa: la moneda social ILLA, equivalente al euro, que las entidades sociales y administraciones cargan directamente en el móvil de la familia beneficiaria y que se gasta en los comercios del propio barrio adheridos al programa — empezando por los alimentos frescos.
Las diferencias con la tarjeta monedero son de fondo:
- Sin licitaciones ni plásticos: un programa se activa en días, no en años. Cualquier comercio del barrio puede sumarse sin coste, sea una frutería o un ultramarinos.
- El dinero se queda en el barrio: el comercio local cobra en moneda social y la canjea por euros. Cada ayuda alimenta dos veces: a la familia que compra y al tendero que vende. Es el comercio de proximidad como herramienta contra la inseguridad alimentaria.
- Alimentos frescos y dieta digna: fruta, verdura, carne y pescado del mercado de siempre, no solo lo que quepa en el lineal de una gran superficie.
- Trazabilidad sin estigma: la entidad donante sabe que su dinero se ha gastado en alimentación, y la familia compra con su teléfono como cualquier vecino, sin colas ni tarjetas señalizadoras.
Este enfoque, que ya funciona en barrios como Los Pajaritos (Sevilla), es el que defendemos también en nuestro análisis sobre monedas sociales y economías locales: cuando la ayuda circula por el comercio de proximidad, el mismo euro combate la pobreza alimentaria y la desertización comercial de los barrios a la vez.
La pregunta que deja el caso andaluz es sencilla: si el objetivo es que las familias vulnerables coman mejor y los barrios no se apaguen, ¿por qué seguir enviando el dinero fuera del barrio?
Fuentes: El Correo de Andalucía (9/12/2025 y 10/3/2026) y Diario Córdoba (20/4/2026 y 28/4/2026). Los datos corresponden a la información publicada por estos medios en las fechas indicadas.