He realizado varias obras debido al estado ruinoso de la vivienda, ¿puede el presidente obligarme a que devuelva la vivienda a su estado original?

He realizado varias obras debido al estado ruinoso de la vivienda, ¿puede el presidente obligarme a que devuelva la vivienda a su estado original?

El presidente de la comunidad tiene legitimación activa para ejercer acciones en representación de la comunidad siempre que exista un acuerdo de la comunidad autorizándolo. En cuanto a las obras, sí se le permite realizar los embaldosados, la modificación de paredes y suelo del pasillo comunitario, la instalación de un nuevo pavimento y la retirada de tejado comunitario ya que estás contribuyen a mejorar el estado de la comunidad. No obstante, la instalación de una antena parabólica en la fachada se considera ilegal ya que existe un acuerdo de la comunidad que ordena que se retiren todas las antenas existentes de la fachada del edificio.

Para conocer más detalles, consulte la jurisprudencia asociada en relación a esta consulta:

Órgano:  Audiencia Provincial Sede Madrid Sección 10
Nº de Recurso:  484/2011
Nº de Resolución: 543/2011
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente:  JOSEFA RUIZ MARÍN
Tipo de Resolución: Sentencia

 

SENTENCIA

En MADRID, a catorce de diciembre de dos mil once. La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados  al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 1102/10, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de PARLA, seguidos entre partes, de una, como apelante D. Agapito , representado por el Procurador D. Miguel  Ángel Ayuso Morales y defendido por Letrado, y de otra como apelado, LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, C/ DIRECCION000 , Nº NUM000 , DE PARLA, representado por el Procurador D. Alberto Cardeña Fernández y  defendido por Letrado, seguidos por el trámite de juicio Ordinario.

VISTO , siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª JOSEFA RUIZ MARÍN.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.-Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Parla, en fecha 22 de marzo de 2011, se dictó  sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO : “Que estimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 número NUM000 de la localidad de Parla representada por  el Procurador Sr. Valgañón contra Don Agapito , debo de condenar y condeno a este último a que retire la antena parabólica situada en la fachada de su vivienda, DIRECCION000 número NUM000 , letra NUM001 , en el plazo de 15 días desde la notificación de esta resolución, bajo apercibimiento de que en caso de no realizarlo  se realizarán a su costa y con expresa condena en costas.”

SEGUNDO.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.-Por providencia de esta Sección, de fecha 19 de septiembre de 2011, se acordó que no era  necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 13 de diciembre de 2011.

CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Se recurre la resolucion dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Parla en fecha  22 marzo 2011 de la cual se estimó la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 número NUM000 de la localidad de Parla contra don Agapito condenando a este último a  retirar la antena parabólica situada en la fachada de su vivienda en la DIRECCION000 número NUM000 letra NUM001 en el plazo de 15 días desde la notificación bajo apercibimiento de no realizarlo a su costa y con  expresa condena en costas.

SEGUNDO.-Por la representación de la entidad demandada se interpuso recurso de apelación alegando la  valoración de la actividad probatoria esta en disconformidad con la sentencia respecto de los hechos probados  que no tiene apoyo, toda vez que la prueba es y acredita hechos diferentes manifestando que no existe discriminación en la instalación en relación con la permisibilidad por parte de la comunidad respecto de otros  copropietarios para instalar toldos, aires cierres, huecos antenas parabólicas etc. manifestando que el demandado no había solicitado autorización y el documento dos existe un burófax dirigido la presidencia de la comunidad el día 17 junio 2010 solicitando y con la prueba testifical no dan el mismo trato y derecho que al  recurrente acreditado en las fotografías donde hay distintas alteraciones sin autorización , y la valoración no puede sino llevar aquel comportamiento ha sido injusto y desigual y discriminatorio. Igualmente manifiesta que son equivocadas las conclusiones fácticas cuando se manifiesta que el propio demandado reconoce que no ha pedido permiso cuando existe constancia de no haberse adoptado el acuerdo  reflejado en el acta de comunidad y se ha negado la instalación en la azotea y además no estuvo en el acto del juicio y por tanto no fue preguntado y los hechos probados sobre la falta de solicitud y reconocimiento son erróneos y falta a la verdad existiendo la conducta discriminatoria existiendo una errónea valoración de la prueba. En segundo lugar se alega una aplicación indebida del artículo siete y el artículo 394 del Código Civil y del  artículo 7 , 16 , 17 , 19 de la ley de Propiedad Horizontal existiendo un trato discriminatorio y un abuso en el ejercicio del derecho impidiendo autorización de elementos comunes cuando otros lo han utilizado y no constituye ningún perjuicio no siendo justo que se le niegue sin motivo ni justificación el derecho a ello y ello es suficiente para declarar un ejercicio antisocial del derecho por parte de la comunidad e impedir alteraciones que no afecta a la configuración externa del edificio teniendo derecho a instalar reiterando la actitud de otros  copropietarios e instalaciones. Igualmente la resolución se apoya en la legitimidad en un acuerdo que se adopta en junta de 29 junio del año 1990 que habla de toldos, tenderos, cierres de cocina que sean de la misma forma y color pero nada sobre terrazas exteriores y otros y siendo una cadena de irregularidades respecto de los acuerdos de la junta, igualmente se manifiesta que la actuación amparada un acuerdo válidamente adoptado no ha sido impugnado, y siendo nulo radicalmente por defecto de forma y además no puede ser impugnado por cuestión de plazo y no  es impugnable pues no hay ninguna negativa a conceder permiso de la instalación sino confirma la retirada y interponer acciones judiciales, y la cuestión que se debate en este litigio es si la instalación es adecuada no con los estatutos y la ley sino que procede a su retirada, o la legitimidad que se le da a la actuación es desacertada pues se logra carácter de una norma a un acuerdo acordado cuando realmente no cumple los requisitos legales respecto de la convocatoria mayoría e identificación. En el apartado tercero del recurso se alega una indebida aplicación del artículo 394 del código civil y aun el  caso de la estimación se encuadra dentro del párrafo primero cuando se alega la potestad del tribunal de no imponer las cosas a la parte que se rechace sus pretensiones cuando presentan serias dudas de hecho y de derecho y su actitud no puede ser calificada de temeraria o contraria al ejercicio correcto y adecuado de derecho y de la buena fe.

TERCERO.-Centrado en los anteriores términos del recurso de apelación se alega como motivo real y de manera insistente la discriminación de la parte demandada respecto de los demás comuneros por parte de este, y conviene con carácter previo poner de manifiesto una serie de circunstancias objetivas que concurren en las  actuaciones en primer lugar la legitimación del demandado en las actuaciones respecto del demandado que lo es como propietario del piso NUM002 NUM001 de la DIRECCION000 nº NUM000 , es decir no acreditado que la comunidad de Propietarios lo sea de los nº NUM003 y NUM000 , que no constituyen mancomunidad sino que son dos comunidades diferentes en todo lo relativo a cada una de ella, y nada le afecta lo que ocurra en el nº NUM003 a la que no forma parte de ella es decir solo pertenece a la comunidad de propietarios del nº NUM000 . Igualmente es de tener en cuenta que lo solicitado es la retirada de una antena parabólica situada en la casa del demandado y en la situación que se acredita mediante el documento nº 2 acompañado en la demanda. Partiendo por ello y de lo anterior , es constatable en primer lugar que en la fachada de este portal que es lo  único a tener en cuenta en el presente se han efectuado la alteración en los términos que se han acreditado por la parte demandada, y lo que corresponde por ello examinar y valorar es si se ha producido una relación de las normas de la comunidad de propietarios y habido una actitud contraria a lo que establece la ley de propiedad horizontal, y en concreto del artículo siete y del artículo 12 es decir si la alteración se ha producido en lo que constituye los elementos comunes del inmueble. Evidentemente partiendo siempre de que lo que se ha producido en el inmueble vecino nada le afecta a las presentes actuaciones y por tanto toda la documental que se refiera al portal vecino en nada le afecta al presente procedimiento y se había alegado una vulneración del principio de igualdad en relación de que se habían efectuado como manifiesta instalaciones de aire acondicionado, que amén de ser objeto y poder  construir otro procedimiento no se acredita se hayan producido y establecidos en las fachadas de su comunidad a la que pertenece y le vincula y no referente a la comunidad vecina y las demás afecta a unos cierres e instalaciones interiores que ya fueron objeto de determinadas juntas su discusión y adopción respecto de esta como se acredita documentalmente y se estableció como deberían de hacerse con carácter general a modo de ejemplo( folio 54) se hace expresa constancia de que se acordó que los toldos y tendederos al igual que la cerramiento de cocina guardarán la estética y fueran del mismo color y forma y igualmente respecto de las máquinas de aire acondicionado no podrían colgar en la fachada exterior de la comunidad se entiende del bloque ni en modo alguno se podrá perforar el bloque exterior para intentar introducir la máquina y en único caso se podrían poner en el interior de cualquiera de las terrazas y sin colgar hacia fuera ninguno de los  elementos de la misma. Es decir todo el contenido del recurso de apelación hacia relación a una actitud discriminatoria al respecto de los demandados que en primer lugar no es óbice para la aplicación de la ley y en el caso de la comunidad desde los propios estatutos y que además no ha sido acreditada en modo alguno, la propia resolución de autos establece que la propia petición de reposición tenía como fundamento un acuerdo en la junta de propietarios del día 29 junio que está integrada en el( documento número 11 folio tres) ,acuerdo que manifiesta igualmente la resolución de autos ha sido adoptado válidamente y que no fueron impugnados conforme la ley de propiedad horizontal, gozando de especial fuerza vinculante y la cuestión sometida enjuiciamiento se limita a que manifiesta expresamente aire acondicionado, cuando evidentemente se trata de un error de transcripción porque se trata y se refiere a la antena parabólica sin género de duda, valorando si se ajustan a los estatutos y  si la instalación afecta o no a los elementos comunes y si la legislación vigente permite dicha instalación. Evidentemente esta Sala reiterando las manifestaciones anteriores y manifestando que no está permitido actuaciones como la efectuada por el demandado sin una autorización expresa que no consta y no se dio por parte de la Comunidad actora, y además se ha producido sin género de duda una alteración del elemento común es la fachada y no existe ninguna alteración idéntica a la producida por la parte demandada en su propia comunidad, y por tanto vulnera todo el contenido de la ley de propiedad horizontal y exige la estimación de la demanda en su totalidad, partiendo además de que no hay ninguna autorización específica para hacerlo, y que además contradice la prohibición de alteración elementos comunes contenida en la ley de propiedad horizontal de carácter inexcusable por lo que no solamente no es autorizada sino desautorizada, y se infringe los propios estatutos y fundamentalmente  la ley de propiedad horizontal lo que lleva sin más a la estimación de la demanda y la desestimación del recurso. Igualmente conviene reiterar todo lo manifestado en cuanto al carácter abusivo de la comunidad haciendo las manifestaciones en cuanto lo que constituye la comunidad del demandado y no otra comunidad vecina que nada le afecta y que la comunidad propietario ha actuado dentro de la más absoluta legalidad cuando además no se acreditado que se haya efectuado ninguna contravención por otros vecinos que además no serían objeto de este procedimiento ni de esta resolucion, y por ello implica que ningún pronunciamiento al efecto cuando además se reitera lo manifestado en cuanto la prueba documental, y muy fundamentalmente partiendo de más de unas decisiones de la junta de comunidad que no han sido modo alguno impugnada y del propio contenido de la ley de Propiedad Horizontal de carácter inexcusable; por lo que no ha existido más que la aplicación de la legalidad vigente y se ha exigido ésta; y no se ha producido ninguna discriminación o trato discriminativo a la  parte por la Comunidad de Propietarios. En el último párrafo del recurso se hace manifestaciones en cuanto a las costas y conviene poner de manifiesto a este respecto que El sistema general de imposición de costas recogido en el art. 523 de la LEC , que en términos generales, recuerda entre otras la Sentencia de 15 de junio de 2007 , se basa fundamentalmente en dos principios: el del vencimiento objetivo, y el de la distribución, también llamado compensación, que tiene carácter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa mediante dos puntos limitativos. El primero afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, lo que en el régimen del art. 394 de la LEC vigente, tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho de derecho. Su acogimiento trasforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta al principio de distribución, permitiendo que se impongan las costas a una de las partes, cuando hubiere meritos para imponerlas por haber  litigado con temeridad. Sobre esta cuestión, ha declarado esta Sala en reiteradas ocasiones que es doctrina reiterada que su imposición a quien pierde, no es una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados al que obtuvo la victoria. Se trata de evitar una merma en sus intereses y, por tanto, que resulte perjudicado patrimonialmente, teniendo que hacer frente a unos gastos, a los que injustamente el vencido le ha obligado a realizar para obtener un reconocimiento judicial de un derecho. En definitiva, se pretende que las costas del proceso las abone aquel que puede ser calificado como el causante de los gastos que la tramitación del juicio ha ocasionado a la parte contraria, ya que en otro caso se produciría un indebido perjuicio patrimonial. Se pretende que si al actor se le reconoce en integridad el derecho que reclama, quede inalterado su patrimonio por los gastos que supone el proceso que ha tenido que plantear para conseguir la efectividad de su derecho, ante la actitud del demandado de negarlo o de cumplir voluntariamente. En caso contrario, si tuviese que abonar dichos gastos no se podría afirmar que la efectividad de su derecho era plena, ya que se produciría una  evidente merma del mismo, dado que ha tenido que realizar una serie de gastos para obtener su satisfacción. En idéntico sentido, si el demandado es absuelto y se niega el derecho ejercitado contra él, ha tenido que hacer frente a unos gastos judiciales, que de no reintegrársele supondría perjudicarle injustamente. En todo caso, para que proceda ese reintegro de gastos se requiere un elemento causal, referido a que el proceso ha de ser la razón de ese gasto realizado, y que, para evitar situaciones de abuso o enriquecimiento injusto, dicho gasto se califique como necesario e indispensable, es decir, todo aquello que razonablemente es conveniente en orden a obtener la plena tutela judicial. Sobre dicha cuestión el Tribunal Constitucional ha declarado que las costas no constituyen una sanción al que pierde, sino una contraprestación por los gastos ocasionados, para que el que obtuvo una victoria fundada no vea mermados sus intereses, STC 1-12-88, y 147/89 . En concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1.991 declara que: “que tal imposición constituye “un efecto derivado del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones judiciales o de la desestimación total de éstas, según sea el régimen legal que rija el  proceso o recurso, cuya justificación o razonabilidad se encuentra (…) según hemos dicho en el ATC 171/1986 , en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivaría de una excesiva litigiosidad y en restituir a la parte contraria los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes les promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de costas”. Posibilidad de imposición de costas que constituye un riesgo común “que todo potencial litigante debe valorar y asumir antes de instar la actividad procesal de los Jueces y Tribunales, sopesando, con el adecuado asesoramiento profesional, las posibilidades de éxito de las acciones judiciales que se propongan ejercitar absteniéndose de promover las que, en buena técnica jurídica y según normales criterios de experiencia forense, se manifiesten temerarias, de mala fe o totalmente infundadas””. Por todo ello, con carácter general se estableció el criterio del vencimiento en materia de costas, para los juicios declarativos, artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.888 , en virtud de la reforma introducida por la Ley 34/84 de 6 de agosto, criterio que ha mantenido, y ha fortalecido, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000,  artículo 394 . Junto al criterio del vencimiento se establece como excepción que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. Es la denominada discrecionalidad razonada, se pretende evitar que el sistema del vencimiento sea una consecuencia fatal y automática, desconectado del asunto, sino que ha de estar ligado a él, consiguiendo que sea más justo, al permitir valorar las causas concretas y especificas que originaron el proceso, la complejidad fáctica o jurídica, o la razón de traer a determinadas personas, pero siempre entendiendo que el criterio general es el del vencimiento, de modo que la excepción no ha de entenderse referida a supuestos poco frecuentes, sino a que su admisión exige que concurran circunstancias de extraordinaria importancia. Su aplicación es restringida y excepcional, de ahí que se exija razonarla. La duda de hecho constituye una indeterminación o vacilación sobre unos hechos concretos, pero esta incertidumbre requiere que no se pueda despejar, pese a que se realice un análisis con criterios objetivos y racionales, desde luego tratándose de hechos que le corresponda acreditarlos a quien los alega, de conformidad con la regla de la carga de la prueba, en cuanto que se trata de hechos esenciales en los que fundamenta su pretensión, de tal modo que se ha visto abocado a acudir al proceso judicial, sin poder aclararlos  o como medio para ello. Además, como segundo requisito esencial, se exige que la duda sea seria, es decir, que sea trascendente, importante, grave y digna de consideración. En definitiva, que la tarea de fijación de los hechos controvertidos esenciales en la Sentencia, haya resultado especialmente difícil, intensa y compleja. En cuanto a dudas de derecho exige, como presupuesto de fondo, y en los términos señalados con anterioridad, una notable complejidad de derecho. En la presente litis, es evidente que no concurren los requisitos mencionados que aconsejen no imponer las costas a la parte actora, que mantiene además no solo la apelación respecto de esta exclusiva cuestión respecto de las costas, sino que mantiene idénticos planteamientos de fondo que la cuestión principal por lo que debe de igual modo ser desestimado el motivo.

CUARTO.-En virtud de lo preceptuado en los Art. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se impondrán las  costas procesales originadas en esta instancia. Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación.

 

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel  Ayuso Morales, en representación de D. Agapito contra la sentencia dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del  Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Parla, con fecha 22 de marzo de 2011 , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución, todo ello con imposición de las costas de esta alzada a la parte  apelante. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 484/11, lo  pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose  publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.

Así, por esta nuestra sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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